En una convocatoria abierta, diversos sectores de la comunidad participaron en un taller para la actualización del Plan Integral de Prevención (PIP), con el objetivo de enfrentar los factores de riesgo a los que se exponen diariamente los líderes de las comunidades y agremiaciones sociales.
Durante el evento, Etel Giowana Cruz, edil del corregimiento 5, destacó una problemática crucial: la falta de garantías para que los líderes puedan hacer denuncias. Esta situación los lleva a abstenerse de realizar el debido control social por temor a represalias.
Leandro Zamora González, director de Convivencia y Derechos Humanos, explicó que los participantes coincidieron en la necesidad de elaborar planes de acción junto con las entidades territoriales para garantizar la protección de los líderes.
“Las entidades deben articular sus planes de desarrollo y planes de acción para garantizar, como Estado, el derecho a la vida, seguridad, integridad, en sí todos los derechos que tenemos como ciudadanos”, subrayó Zamora.
El taller contó con la participación de ediles, presidentes de Juntas de Acción Comunal, víctimas del conflicto, jóvenes, adultos mayores, firmantes de paz, miembros de la comunidad OSIGD, líderes de derechos humanos, entre otros actores de la población civil.
Con la información recopilada durante el taller y las encuestas realizadas, se formularán propuestas para la actualización del PIP, con la intención de crear un entorno más seguro y protegido para los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
