La Secretaría de Educación lidera el proceso de implementación de los Planes Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar en las instituciones educativas privadas y del sector oficial para la prevención y protección de la población estudiantil.
La estrategia se fundamenta en la Ley 1523 de 2012, que adopta la política nacional de gestión del riesgo en entidades públicas, y se complementa con la Resolución 006519 de 2025, que establece los lineamientos técnicos de la Política Pública de Gestión del Riesgo Escolar y Educación en Emergencias.
“Haremos acompañamiento a las 54 instituciones educativas oficiales. Hemos visitado 29, realizando diagnósticos para evaluar e identificar situaciones de riesgo y así apoyarlas con la orientación profesional que tiene la Administración”, precisó Ninfa Novoa Garzón, profesional de la Dirección de Calidad de la Secretaría de Educación.
Agregó que, de acuerdo con la normatividad, se avanza en la construcción del Plan de Gestión del Riesgo Escolar, mediante el cual el municipio definirá un plan macro para orientar medidas frente a posibles emergencias como pandemias, sismos, inundaciones, violencia sexual, reclutamiento, lesiones y expendio de sustancias psicoactivas, entre otros.
El propósito de estos planes es gestionar adecuadamente los factores de riesgo y evitar que se conviertan en desastres. También contemplan la asignación de responsabilidades, estrategias formativas, protocolos de respuesta y recuperación para garantizar la continuidad educativa y la protección de la vida, además de sistemas de monitoreo y alertas tempranas en cada institución.
