Las fallas detectadas durante la última actualización catastral urbana y rural de Villavicencio, como la omisión de predios, viviendas y construcciones, generaron cerca de 33.000 derechos de petición y acciones de tutela por parte de propietarios afectados entre 2024 y lo corrido de 2025.
Esta situación, además de despertar reclamos, protestas y movimientos cívicos durante varias semanas por parte de ciudadanos que se sintieron vulnerados, también generó dificultades al interior de una Administración que apenas iniciaba su periodo de gobierno.
“Fue calamitoso para el alcalde Alexander Baquero, por el incremento que esos errores ocasionaron en el avalúo catastral de algunas propiedades, lo que derivó en manifestaciones ciudadanas y en numerosas acciones jurídicas que tuvimos que afrontar”, explicó Johann Sneider Quevedo Romero, jefe de la Oficina Jurídica Municipal.
Ante esa realidad, el mandatario y su equipo de gobierno concentraron sus esfuerzos en identificar el origen de las fallas, crear una dependencia técnica de Catastro y vincular personal idóneo para atender con responsabilidad y transparencia las inquietudes de la comunidad.
Como resultado de ese trabajo, y luego de agotar las consultas jurídicas y constitucionales pertinentes, se expidió el Decreto 138 de 2025, que ordena una nueva actualización catastral urbana y rural, la cual se desarrollará hasta el 31 de diciembre con el uso de tecnología moderna y el cumplimiento estricto de la normatividad vigente.
Con esta medida, la Alcaldía busca restablecer la confianza de la ciudadanía, corregir los errores del pasado y garantizar un proceso catastral justo, transparente y ajustado a la realidad del territorio.
