Miles de propietarios de vehículos en Colombia que vendieron su automóvil o motocicleta sin formalizar el traspaso en el RUNT deben realizar este procedimiento antes del 6 de agosto de 2025, fecha en la que vence el plazo establecido por el Ministerio de Transporte para acogerse al traspaso a persona indeterminada.
Esta figura legal permite a los antiguos dueños desligarse de responsabilidades civiles, tributarias y legales derivadas del uso del vehículo que ya no está en su poder, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
La directora de Servicios de la Secretaría de Movilidad de Villavicencio, Andrea Gutiérrez Álvarez, explicó que este procedimiento fue habilitado mediante la resolución 20223040044765 de 2022, que otorgó un periodo de tres años para formalizar el traspaso en casos donde no se tiene contacto con el actual tenedor del vehículo.
“Quienes no realicen este trámite podrían enfrentar sanciones económicas por multas, impuestos, fotodetecciones e incluso embargos, derivados de infracciones cometidas por terceros”, advirtió la funcionaria.
Los interesados deben acercarse a la Dirección de Servicios de Movilidad, ubicada en el barrio Jordán de Villavicencio, y cumplir con los siguientes requisitos:
- Declaración juramentada en la que certifiquen que no tienen contacto con el vehículo ni con su actual poseedor, y que han pasado al menos tres años desde la entrega.
- Estar a paz y salvo por comparendos y multas de tránsito.
- El vehículo debe contar con SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes.
- No debe existir embargo, medida cautelar ni proceso judicial activo sobre el automotor.
- No debe haber contrato de compraventa ni poder vigente que respalde una transferencia previa.
- El solicitante debe estar registrado en el RUNT y realizar el trámite personalmente o por medio de un apoderado.
Los valores establecidos para este trámite varían según el tipo de vehículo. Para particulares, remolques y maquinaria industrial, el costo es de 213.200 pesos, mientras que para motocicletas el valor es de 119.800 pesos.
A estas cifras se suman los gastos notariales por la declaración juramentada y los honorarios si se utiliza un apoderado.
Este trámite busca depurar el registro nacional de tránsito y evitar que miles de ciudadanos respondan por infracciones cometidas por terceros, fortaleciendo así la legalidad y responsabilidad en la tenencia vehicular.
